El proyecto busca impedir que empresas extranjeras y extranjeros sin residencia permanente financien, organicen o dirijan campañas electorales. También contempla penas de 5 a 12 años por operaciones de desinformación masiva vinculadas a actores del exterior.
La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional incluye cambios sobre quiénes pueden participar en las campañas electorales argentinas. El proyecto propone impedir que empresas extranjeras y personas extranjeras sin residencia permanente financien, organicen, dirijan o ejecuten actividades de campaña y propaganda electoral.
Además, incorpora un delito vinculado con operaciones de influencia extranjera. Prevé penas de entre 5 y 12 años de prisión para quienes actúen por cuenta, orden o con financiamiento de un Estado, organización o agente del exterior para alterar procesos electorales o manipular la opinión pública mediante campañas coordinadas de desinformación masiva.
La propuesta exige acreditar ese vínculo extranjero. No basta con que una publicación sea falsa o genere una discusión: la conducta debe reunir los elementos previstos en la figura penal. Cuando intervengan amenazas, sobornos, coerción o estructuras criminales, las penas propuestas ascienden a entre 8 y 15 años.
Desde el Gobierno sostienen que el objetivo es enfrentar operaciones organizadas desde el exterior, no perseguir opiniones ni el trabajo periodístico. Sin embargo, especialistas y entidades periodísticas advirtieron que la expresión “desinformación masiva” necesita una definición precisa para evitar que se aplique contra publicaciones críticas.
El proyecto todavía debe ser debatido y aprobado por el Congreso. La discusión legislativa deberá precisar qué conductas quedarían alcanzadas, cómo se demostraría la intervención extranjera y qué garantías protegerían la libertad de expresión.
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