El presupuesto creado específicamente para obras contra inundaciones está siendo destinado al Tesoro Nacional, en lugar de ejecutarse en la infraestructura hídrica para la cual fue originalmente asignado. Los recursos existen y son accesibles; lo que falta es la decisión gubernamental de utilizarlos conforme ordena la ley.
Esta desviación presupuestaria revela una dinámica que resulta perjudicial para quienes dependen de esas obras: permite que el Estado mejore sus números fiscales mientras las defensas contra inundaciones permanecen sin construir.
El fondo nació de una necesidad concreta y urgente. Las inundaciones afectan de manera recurrente a territorios del país, causando daños a comunidades y productores. Se creó entonces un instrumento legal que asignaba recursos específicos para construir obras de contención y prevención.
No obstante, en la ejecución presupuestaria real, esos recursos no llegan a las obras proyectadas. Se canalizan en cambio hacia las necesidades financieras generales del Estado, lo que permite presentar balances que lucen más ordenados de lo que realmente son.
La particularidad de esta situación radica en que no hay excusa de falta de dinero. Los fondos están disponibles en el sistema presupuestario. Lo que no hay es la acción política que ordene su aplicación conforme a lo establecido legalmente.
El resultado es un desfase entre la norma y la realidad operativa. La ley señala un camino; la ejecución presupuestaria sigue otro. Mientras tanto, regiones vulnerables a inundaciones siguen esperando las obras que deberían protegerlas, mientras el dinero que la ley reservó para esas obras financia otras prioridades estatales.
Imagen: Héctor Berganza / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
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