El Ejecutivo nacional anuló la estructura de financiamiento que permitía que personas con discapacidad e infantes con diagnóstico de cáncer accedieran a pasajes gratuitos en el transporte público. Esta revocación suprime el mecanismo de subsidio que históricamente sustentaba estas políticas.
Desde la Casa Rosada se esgrimió que «la continuidad de las compensaciones previstas en resoluciones anteriores carece de sustento fiscal y administrativo». Enfatizaron la necesidad de realizar ajustes en materia de gastos públicos.
No obstante, el Gobierno reafirmó que la facultad de viajar sin costo mantiene plena vigencia y puede ser exigida por estos colectivos. Manifestaron intención de buscar alternativas que perpetúen el acceso a esta prestación.
Espacios vinculados a la defensa de derechos de personas con discapacidad y organismos de apoyo a pacientes pediátricos oncológicos expresaron su desacuerdo. Plantearon dudas sobre de qué forma operará el beneficio sin la inversión estatal específica que lo respaldaba.
El oficialismo respondió indicando que la medida obedece a un análisis detallado de deficiencias en la estructura anterior y a la identificación de opciones complementarias. Subrayó que la anulación responde a criterios de reorganización presupuestaria integral.
Para amplios sectores de esta población, la disponibilidad de transporte sin cargo resulta determinante para acceder a tratamientos médicos, realizar gestiones esenciales y ejercer su derecho a la movilidad. La supresión del fondo plantea interrogantes sobre su continuidad.
Las instancias gubernamentales competentes deberán delinear explícitamente cuáles serán los mecanismos que permitirán materializar el derecho reconocido. La medida está vigente desde su publicación oficial y requiere de comunicaciones claras sobre su ejecución concreta.
Imagen: olia danilevich / Pexels – Con informacion de La Nación
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